Ciudad de México (El Observador Diario).- Rubén Rocha Moya permanece en libertad, pese a que existe una orden de detención con fines de extradición emitida por autoridades estadounidenses. Desde Palacio Nacional se ha defendido su inocencia bajo el argumento de que no existen pruebas que respalden las acusaciones.
Durante las últimas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que Estados Unidos no ha entregado la evidencia necesaria para sustentar la solicitud de extradición.
Tras los señalamientos, la FGR inició una investigación propia y citó a declarar a Rocha Moya; sin embargo, hasta el momento no ha dado a conocer avances relevantes sobre el caso.
Pese a la falta de avances judiciales, el caso sí ha generado consecuencias para Rocha Moya.
Además de solicitar licencia al cargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Mediante el acuerdo 156/2026, la UIF instruyó a las instituciones financieras suspender cualquier operación relacionada con Rocha Moya.
La medida también alcanzó a otras nueve personas, entre ellas sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz.
Presión desde Washington
La presión sobre el político morenista y el gobierno federal aumentó luego de que autoridades estadounidenses detuvieran a dos exfuncionarios vinculados con su administración y señalados por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
En mayo fue detenido Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
Mérida, es general en retiro y fue acusado de recibir sobornos y colaborar con la facción criminal conocida como Los Chapitos.
Otro de los detenidos fue Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas durante la administración de Rocha Moya.
De acuerdo con reportes periodísticos, fue arrestado en Europa y posteriormente aceptó ser trasladado a Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra.
Rumores y versiones sin confirmar
El caso contra el gobernador con licencia de Sinaloa, es un asunto que tiene una relevancia que afecta y altera no solamente las relaciones entre México y Estados Unidos sino que implica repercusiones de gobernabilidad y sobre todo, credibilidad.
Circulan versiones “sin confirmar” que detonan especulación.
En redes sociales, versiones “no verificables” sobre la situación legal de Rubén Rocha Moya escalaron en las últimas horas luego de que se difundiera que el gobernador con licencia de Sinaloa habría sido detenido.
En esas especulaciones en redes sociales se dice que fue trasladado a un centro de resguardo en México, previo a una posible entrega a autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con esa información “sin sustento”, Rocha Moya estaría bajo custodia y podría ser entregado en las próximas horas o días a los U.S. Marshals.
Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad mexicana ni estadounidense ha confirmado el supuesto operativo ni una fecha de traslado.
Las especulaciones ocurren en medio de la presión generada por la solicitud de detención con fines de extradición presentada por el gobierno de Estados Unidos.
La petición de Washington lleva más de dos meses sin concretarse, lo que ha derivado en cuestionamientos sobre el avance del proceso judicial.
En el ámbito político, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron la captura inmediata del mandatario con licencia, su extradición y el inicio de un juicio político.
El PAN pide además,la desaparición de poderes en Sinaloa ante señalamientos de presunta infiltración del crimen organizado en instituciones estatales.
Estados Unidos afirma que Rocha Moya es cómplice de Los Chapitos
Las investigaciones en Estados Unidos señalan a Rocha Moya por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, incluyendo acusaciones de recibir sobornos, brindar protección institucional y facilitar operaciones de tráfico de drogas hacia ese país.
El expediente fue presentado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y quedó a cargo de la jueza Katherine Polk Failla.
En él se describe una presunta colaboración sistemática con la organización criminal, así como la existencia de redes de protección desde el aparato estatal.
Además del mandatario, diversos integrantes de su círculo cercano y de su administración han sido señalados, entre ellos Enrique Inzunza Cázarez y Gerardo Mérida Sánchez.
La acusación incluye a otros funcionarios vinculados a tareas de seguridad y operación gubernamental.
El caso también incluye acusaciones relacionadas con actos de violencia extrema, como el presunto secuestro y ejecución de un informante de la DEA y un familiar.
Un caso con alta volatilidad
Sin embargo, nada ha sido corroborado por autoridades de ambos países. Lo que se puede determinar es que el asunto se encuentra en una etapa de alta volatilidad.
Lo único cierto es que existe una acusación, una solicitud para la detención de Rocha Moya y colaboradores.
También es verdad que el plazo para que el Gobierno de México atienda la petición del Departamento de Justicia de EE.UU. expiró y que la decisión del siguiente paso estaría en Washington.
No hay todavía información pública de que el gobierno de Trump haya declarado como prófugos al gobernador de Sinaloa con licencia y sus presuntos cómplices.
En México, tampoco existen evidencias de que Rocha Moya haya comparecido ante la FGR y la calidad bajo la cual compareció.
Cómo sea el desenlace, afectará a los dos gobiernos
Definitivamente, el asunto está en una etapa que puede generar un gigantesco tsunami que arrastre no solo al gobierno de Claudia Sheinbaum sino que también se llevaría al de Estados Unidos.
Hablar de pruebas en estos asuntos, no se acostumbra, pues entorpecen las investigaciones.
Solo quienes están en la cúpula se enterarán si después de todo, esto se trató de periodicazos o si en verdad fueron acusaciones serias.
Mientras tanto, el caso seguirá envuelto entre rumores y cortinas de humo.
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