 reservó hasta 2031 la información de la investigación sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ocurrido el 25 de julio de 2024 en la finca Huertos del Pedregal, al norponiente de Culiacán.){kind=link}
Ciudad de México (El Observador Diario).- La Fiscalía General de la República (FGR) reservó hasta 2031 la información de la investigación sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ocurrido el 25 de julio de 2024 en la finca Huertos del Pedregal, al norponiente de Culiacán.
De acuerdo con el Comité de Transparencia, la FGR tomó la decisión durante una sesión del 27 de mayo de 2026, bajo el argumento de que divulgar los datos representa un “riesgo real” de perjuicio al interés público o a la seguridad nacional.
La clasificación se produce cuando el caso cumple casi dos años sin una versión oficial definitiva sobre cómo, dónde y a qué hora murió Cuen Ojeda, cuyo cuerpo fue incinerado al día siguiente por su familia.
Niega información a la familia y a solicitudes de transparencia
Las solicitudes enviadas a la FGR para saber si personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fue citado a declarar y bajo qué figura recibieron una negativa, resultaron “una imposibilidad jurídica para proporcionar información contenida en una carpeta de investigación”.
Bajo el oficio FGR/UETAG/002896/2026 fechado el 1 de junio de 2026, el texto precisa que revelar esa información “expondría las líneas de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen las evidencias para el esclarecimiento de los hechos”.
La FGR añadió que la divulgación dejaría expuesta su “capacidad para llevar a cabo las diligencias pertinentes y útiles para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión”.
Revelar contenido del expediente sería delito contra la Administración Pública
Cabe mencionar que la reserva tendrá vigencia hasta 2031 o hasta que se extingan las causas que le dieron origen, según el acuerdo del Comité de Transparencia.
La institución advirtió además que el servidor público que quebrante esa clasificación cometería el delito contra la Administración de Justicia y podría ser sancionado tanto penal como administrativamente.
La misma respuesta recibió Ríodoce al solicitar la necropsia practicada al exrector.
La FGR sostuvo que revelar esa información “perjudicaría el ejercicio de las facultades del Ministerio Público de la Federación” y afectaría las líneas de investigación activas.
Exrector habría muerto en el mismo lugar de donde sustrajeron al Mayo Zambada
La FGR estableció, mediante pruebas hemáticas, que Cuen Ojeda fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal y no en una gasolinera de la comunidad de La Presita.
La versión de la gasolinera fue sostenida inicialmente la Fiscalía estatal de Sinaloa, entonces encabezada por Sara Bruna Quiñónez.
El video del supuesto crimen en la gasolinera no tenía sonido, los empleados del lugar declararon no haber escuchado disparos.
El chofer de Cuen se contradijo en sus declaraciones; Quiñónez renunció al cargo en septiembre de 2024.
FGR contradijo versión de la Fiscalía de Sinaloa
El acta de defunción establece como causa de muerte “choque hipovolémico secundario a laceración de arteria poplítea derecha producido por proyectil disparado por arma de fuego” y como hora de fallecimiento las 23:27 horas del 25 de julio de 2024.
Esos datos corresponden a la versión de la Fiscalía de Sinaloa, aunque la FGR aseguró que el exrector murió horas antes y en un lugar distinto.
El cuerpo de Cuen Ojeda presentaba un hematoma severo en la cabeza y cuatro disparos en las piernas, según las investigaciones.
Versiones periodísticas apuntaron a que la causa real de muerte fue asfixia por ahorcamiento tras tortura, aunque ninguna autoridad lo ha confirmado de forma oficial.
En 2026 se han iniciado siete nuevas carpetas de investigación
La fiscal Ernestina Godoy Ramos volvió a abordar el caso el 8 de julio de 2026 y precisó que por los hechos del 25 de julio de 2024 se han iniciado siete carpetas de investigación.
Las investigaciones se basan en delitos “contra la procuración de justicia, por alteración de escena del crimen y diversas negligencias ministeriales del fuero común”.
En esas carpetas se han realizado 153 entrevistas, mil 288 informes y 124 dictámenes en diversas especialidades.
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