Ciudad de México (El Observador Diario).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta participación en el caso Ayotzinapa.
En un comunicado, la FGR informó que se cumplimentó una orden de aprehensión contra el exmandatario guerrerense por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con la dependencia, la captura es resultado de un reanálisis de las investigaciones realizadas bajo el nuevo modelo de investigación implementado por la institución.
El nuevo modelo permitió desarrollar nuevas diligencias y obtener elementos que sustentan la probable responsabilidad del exmandatario estatal.
FGR implementó un nuevo modelo de investigación
Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN
— FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026
“Como parte del nuevo modelo de investigación, la FGR desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas”, dijo la FGR.
Ángel Aguirre era gobernador de Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Tras los hechos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, presentó la “verdad histórica”, una versión oficial sobre el destino de los normalistas que años después fue ampliamente cuestionada por organismos nacionales e internacionales, así como por las propias investigaciones federales.
Caso Ayotzinapa fue crimen de Estado
Las indagatorias posteriores también señalaron presuntas irregularidades en la actuación de distintos funcionarios, entre ellos el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
Zerón fue acusado de manipular evidencia y construir una narrativa que posteriormente fue desestimada por las nuevas investigaciones.
Asimismo, diversas pesquisas han documentado la participación de autoridades federales, estatales y mandos militares en la toma de decisiones durante los días posteriores a la desaparición de los estudiantes.
Sin embargo, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), encabezada por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado.
COVAJ logró acreditar la participación y omisión de autoridades de distintos niveles de gobierno.
Investigaciones muestran indicios de encubrimiento de autoridades
El informe oficial rechazó la entonces “verdad histórica” presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y sostuvo que existió una red de colaboración entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, policías municipales y diversas autoridades para ocultar lo ocurrido con los normalistas.
Militares infiltrados en Normal de Ayotzinapa
Entre sus principales hallazgos, la CoVAJ también señaló la actuación y el posterior encubrimiento de elementos del 27 Batallón de Infantería, además de confirmar que uno de los estudiantes desaparecidos era un militar infiltrado dentro de la Normal Rural.
Asimismo, la comisión estableció que con base en la evidencia recabada, no existían indicios de que alguno de los 43 jóvenes permaneciera con vida.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, continúa siendo una de las investigaciones más relevantes para la FGR.
FGR busca esclarecer participación de autoridades
Con la detención del exgobernador, la Fiscalía sostiene que las nuevas líneas de investigación buscan esclarecer posibles responsabilidades relacionadas con el presunto encubrimiento y la desaparición de evidencias vinculadas al paradero de los normalistas.
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