Ciudad de México (El Observador Diario).- El Gobierno de México informó que los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para garantizar los derechos de las audiencias y establecer los códigos de ética en radio y televisión, conocidos como Ley Maduro.
Los Lineamientos, permanecerán en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto.
El propósito de la consulta es para que ciudadanos, concesionarios, académicos y organizaciones civiles presenten observaciones y propuestas antes de su entrada en vigor.
Durante la conferencia matutina del martes, en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que los lineamientos derivan de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y buscan hacer efectivos los derechos de las audiencias reconocidos en la Constitución.
Alcalde recordó que esos derechos fueron incorporados al texto constitucional en 2013 y desarrollados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014.
Sin embargo, señaló que una reforma de 2017 eliminó diversas disposiciones en la materia, cambio que posteriormente fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que representaba un retroceso.
“Con la nueva ley se recuperan y fortalecen los derechos de las audiencias”, afirmó.
La funcionaria explicó que los lineamientos aplican exclusivamente a radio y televisión, tanto de uso comercial como público y social, y serán obligatorios para concesionarios de televisión abierta, radio, televisión y audio restringidos, así como para las empresas programadoras.
Gobierno podrá influir en los contenidos y restringir la libertad de expresión
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, declaró que los nuevos Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias impulsados por el gobierno federal y Morena constituyen un marco regulatorio con el potencial de influir en los contenidos de los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión.
De acuerdo con el legislador, las disposiciones aprobadas forman parte de un proceso de concentración de poder al otorgar facultades para intervenir en la presentación de la información, así como en la determinación de qué contenidos se catalogan como falsos o descontextualizados.
Es un arma de censura, advierte Añorve
“(Los lineamientos) son para censurar, obviamente para revisar decisiones, contenidos, monitorear medios, y sobre todo, sancionar, o sea, quieren disciplinar a quien no se arrodille.
Es una censura, es un, es un ataque a la libertad de expresión.
No estoy exagerando”, expuso el senador guerrerense..
Añorve Baños refirió que la oposición denominó a estas reformas como la “Ley Maduro” durante el debate en el Congreso, al considerar que abren la puerta a mecanismos de supervisión y medidas precautorias sobre las transmisiones de los medios.
“Lo que Morena busca hoy es convertir la ley en un arma de censura, intervenir contenidos, revisar decisiones editoriales, monitorear a los medios y abrir la puerta a las sanciones.
CIRT alerta sobre riesgos de regresión democrática
La libertad de expresión no necesita un árbitro del gobierno; necesita gobiernos que toleren la crítica”.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advirtió que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias podrían implicar riesgos de regresión democrática y afectar la libertad de expresión en el país.
A través de un comunicado, el organismo señaló que las disposiciones elaboradas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) son ambiguas y permiten un margen de discrecionalidad al Gobierno para definir qué contenidos pueden considerarse como información falsa o descontextualizada.
“Entendemos que la posición del CRT no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y/o definir con pulcritud”, indicó.
La postura surge luego de que la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentara el anteproyecto que busca regular el derecho de las audiencias mediante diversos mecanismos, actualmente en proceso de consulta pública.
Gobierno podrá revisar y determinar que contenidos se podrán transmitir
Entre los puntos señalados por la CIRT destaca el esquema de sanciones, ya que se contempla imponer multas de hasta el 1 por ciento de los ingresos anuales acumulados de concesionarios y programadores por cada supuesta falta informativa, lo que, advirtió, excede lo previsto en la legislación vigente.
“Esto, cuando la ley de la materia sólo impone multas en dos supuestos: no designar defensor de audiencias; y, no emitir códigos de ética. Con ello se pretenden imponer sanciones al margen de la ley”, sostuvo.
El organismo también cuestionó la creación de un “recurso de inconformidad” que permitiría al Gobierno revisar las decisiones de los defensores de las audiencias, lo que, afirmó, podría derivar en que la autoridad determine qué contenidos pueden transmitirse.
Se admitirán denuncias anónimas para ejercer presiones contra periodistas
Asimismo, alertó sobre la posibilidad de que se admitan quejas anónimas, lo que podría abrir la puerta a presiones contra periodistas y comunicadores mediante denuncias falsas o fabricadas.
La CIRT informó que realizará un análisis más amplio con sus mil 200 estaciones afiliadas para definir una postura conjunta que será presentada en la consulta pública en curso.
El organismo reconoció la apertura del proceso, al considerar que permite revisar y corregir posibles excesos en la regulación.
En la consulta pública se discute el alcance de los derechos de las audiencias en México.
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