Culiacán, Sinaloa (El Observador Diario).- Familiares de personas desaparecidas en México se indignaron el jueves ante los controles impuestos por autoridades para ingresar al Rancho Izaguirre en el estado de Jalisco.
En el lugar, ubicado en Teuchitlán. hace dos semanas un colectivo de buscadores encontró numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir y objetos.
«No entramos a ver un museo señores, entramos a ver las evidencias donde tal vez estuvieron nuestros hijos», gritaba una madre que busca a su hija desaparecida
Entre escenas como esas, cargadas de dolor y rabia, se dio la caótica apertura del «Rancho Izaguirre» a decenas de familiares de personas desaparecidas y los medios de comunicación por parte de la Fiscalía de Jalisco.
La Fiscalía estatal ha enfrentado fuertes críticas por las fallas y omisiones en las investigaciones del caso que ha conmocionado al país.
Aunque los familiares llegaron al predio del municipio de Teuchitlán con la esperanza de encontrar algún indicio que les permitiera tener alguna certeza de que su pariente estuvo en esa finca.
El rancho, supuestamente estuvo en manos del crimen organizado, al final se fueron con las manos vacías.
Muchas de las áreas de la finca, de casi una hectárea, estaban aisladas por cintas de seguridad donde se observaban pequeñas banderas entre la maleza en las que se leía «evidencia no tocar.”
En la bodega principal del rancho, donde semanas atrás el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco —conformado por activistas que buscan a sus familiares desaparecidos— halló cientos de prendas de vestir, ya no había nada.
Todos los objetos fueron trasladados a la sede de la Fiscalía de Jalisco, según explicaron activistas.
En el Rancho Izaguirre no quedaron evidencias
La ausencia de evidencias y el aislamiento de algunas áreas indignó a muchos familiares, entre ellos a Patricia Sotelo, que busca a su hija desaparecida.
Entre gritos, Sotelo dijo a la prensa: «esto es una burla para nosotros como madres».
«Todo fue un teatro armado», expresó Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quien criticó que ningún funcionario de la Fiscalía de Jalisco «quiso dar la cara» para ofrecer una explicación.
Los nuevos cuestionamientos contra las autoridades de Jalisco surgen después de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, denunció una serie de fallas y omisiones en las que incurrió la fiscalía estatal.
Durante seis meses los fiscales estatales no avanzaron en el caso.
No fue sino gracias a los hallazgos que denunció el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo que se reactivaron las investigaciones en el lugar.
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