Ciudad de México (El Observador Diario).- Un juez dictó prisión preventiva contra el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal que habría causado un daño estimado de más de 4 mil millones de pesos a la hacienda pública.
Los delitos imputados contra Ruffo Appel son delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La audiencia arrancó desde el viernes 17 de julio y se alargó hasta la madrugada de este domingo, tras acumular múltiples recesos.
La diligencia se celebró por videoconferencia desde las oficinas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en Avenida Paseo de la Reforma 75, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, donde Ruffo Appel permaneció bajo resguardo y desde donde se conectó con el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.
Ruffo fue trasladado al penal federal El Altiplano en Almoloya
La defensa del exgobernador solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el plazo para que el juez resuelva si lo vincula a proceso se extendió de 72 a 144 horas.
La resolución sobre la vinculación quedó pendiente para cuando se reanude la audiencia. En tanto, el exgobernador fue trasladado al Cefereso 1, “El Altiplano”.
El primer receso se debió a que la defensa no había recibido el expediente; las siguientes, presuntamente a fallas para interconectar a las defensas de los ocho imputados que comparecieron.
La imputación formal arrancó a las 10:00 de la noche del viernes, con más de tres horas de retraso.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos contra el primer gobernador de oposición en la historia del país.
Ernesto Ruffo Appel gobernó Baja California de 1989 a 1995.
Defensa denuncia tortura, incomunicación y privación ilegal de la libertad
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
De ahí fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Tijuana y posteriormente a la Ciudad de México, donde quedó bajo resguardo de la FEMDO.
Además, según datos revelados por medios de comunicación, la defensa presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Ensenada.
El defensor reclamó presunta privación ilegal de la libertad, incomunicación y posibles actos de tortura o maltrato contra Ruffo.
Desde el pasado 17 de julio la hija del exgobernador denunció que las autoridades no le brindaban detalles sobre el caso.
Comparecieron otros siete imputados
Junto al exgobernador comparecieron otros siete imputados: Ricardo Thompson Navarro, exvocal de Ingemar.
También comparecieron José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores de Internacional de Fundentes.
Además, Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista de Logística Ferroviaria Fargo, y el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez con su dependiente autorizado Luis Antonio Barrientos Juárez.
José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud y Adriana “N” fue ingresada al Cereso Nezahualcóyotl Sur.
La fiscal general Ernestina Godoy reveló que la red operó a través de Ingemar, empresa fundada por Ruffo Appel.
Ingemar reportaba ante aduanas alrededor de 10 mil litros por carro tanque cuando en realidad transportaba hasta 110 mil.
Además, registraba productos distintos a los transportados para evitar declarar que eran combustibles.
El hidrocarburo provenía de refinerías en Texas y se distribuía en Coahuila, Durango y Zacatecas.
La investigación identificó 162 carros tanque y 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025.
Evasión de IVA y IEPS
La evasión de IEPS e IVA sumó más de 106 millones de pesos en una parte de los cargamentos, mientras que el daño total superó los 4 mil millones de pesos.
La FGR detectó además, movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias.
Se detectaron operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares, con un esquema de cuentas puente que transfería recursos hacia empresas extranjeras.
La FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión contra integrantes de la red.
Al momento de la audiencia, ocho habían sido detenidas. Aún faltan por ejecutar 17 órdenes.
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