Washington, Estados Unidos (El Diario de Hermosillo).- Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), aseguró que la agencia continuará exponiendo los nexos entre el crimen organizado y políticos mexicanos.
A través de su cuenta en X, el funcionario estadounidense sostuvo que la corrupción en México alimenta las redes de los cárteles y reiteró el compromiso de la agencia de revelar esos vínculos para proteger a los ciudadanos de su país.
En su publicación de este martes, Cole afirmó que la DEA seguirá exponiendo la relación entre organizaciones terroristas extranjeras letales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses, y aseguró que la agencia no dará marcha atrás.
Tres días antes, había advertido que la DEA y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) perseguirían a funcionarios corruptos y actores políticos que protegen al narcotráfico.
La sentencia de Tony Montana
El mensaje se difundió tras la sentencia en Estados Unidos contra Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
En aquella publicación, Cole sostuvo que la corrupción y el narcotráfico van de la mano, sin importar la posición política, y que las autoridades seguirán sin descanso el rastro de los políticos que se benefician de las organizaciones criminales, las protegen y las fortalecen.
Ese mismo día, la jueza Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, sentenció a Tony Montana a 22 años y medio de prisión por tráfico internacional de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, luego de que se declarara culpable cuatro meses antes. Su defensa había solicitado una condena de 20 años, con el argumento de que, a sus 68 años, no sobreviviría a una pena más larga, mientras que la fiscalía pidió 30 años.
Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, acusados por Estados Unidos
Las acciones contra políticos mexicanos comenzaron en abril pasado, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de delitos relacionados con el narcotráfico y las armas, vinculados al Cártel de Sinaloa.
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó las acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes señaló de haberse asociado con la facción de Los Chapitos para distribuir grandes cantidades de drogas en Estados Unidos.
Los señalamientos también incluyen la presunta entrega de información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército mexicano a integrantes de la organización criminal y a sus aliados, a cambio de miles de dólares.
En septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco.
Marina del Pilar y su exesposo, Carlos Torres Torres
Entre los sancionados figuraron personas cercanas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, como su exesposo, Carlos Alberto Torres Torres, y el hermano de este, Luis Alfonso Torres. Según las autoridades estadounidenses, ambos habrían recibido sobornos del cártel y posteriormente lavado el dinero mediante empresas y campañas políticas.
Las autoridades también señalaron que el exesposo de la gobernadora estaría vinculado con Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, líder de la facción de Los Rusos, que opera en Mexicali.
Asimismo, fue sancionado Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, quien presuntamente recibió sobornos de El Ruso a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa ejerciera control sobre la policía municipal y facilitar sus actividades delictivas.
El segundo político sancionado fue Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno de Baja California.
Fue identificado como una persona cercana a Carlos Torres y amigo de José Ángel Rivera Zazueta, alias Don Flaco, quien había sido detenido semanas antes en la alcaldía Cuauhtémoc.
Según las autoridades, Buenrostro Martín habría proporcionado favores políticos y ejercido su influencia para facilitar las actividades delictivas de Rivera Zazueta a cambio de sobornos.
Estas sanciones se enmarcan en la ofensiva contra los cárteles que comenzó con la administración de Donald Trump.
Desde entonces, su gobierno ha presionado a México para combatir a los grupos criminales mediante la imposición de aranceles.
Además, la emisión de sanciones o acusaciones contra políticos, exfuncionarios e integrantes del crimen organizado.
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